Dos nuevos escándalos les costaron el puesto a dos empleados del Gobierno. El primero es el caso de María Fernanda Zúñiga, quien hasta el lunes fue la directora de la fiduciaria estatal Fiduagraria. Según divulgó el diario El Tiempo, Zúñiga e integrantes de su familia (Zúñiga Caballero) están relacionados con tres empresas a las cuales la Fiscalía investiga por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó (bajo Atrato chocoano) en 1997.
Las compañías que hoy enredan a la funcionaria son Urapalma S. A., Palmura S. A. y la Extractora Bajirá. Según publicó El Espectador en febrero de este año, Urapalma se constituyó en Barranquilla tres años después del destierro al que fueron sometidos los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó. En ésta, figura como accionista uno de los tíos de Zúñiga, llamado Alberto Zúñiga Caballero. Palmura se creó seis años después del desplazamiento masivo del Chocó y entre los socios principales figuran varios familiares de los Zúñiga Caballero. De hecho, desde los años 80 existe documentación que indica nexos de Julio César Zúñiga Caballero (tío de María Fernanda Zúñiga) con el narcotráfico.
Por esta razón, el 24 de marzo de 2005 la Fiscalía allanó 56 propiedades de su núcleo familiar, con fines de extinción de dominio. Aunque la funcionaria afirmó que dio a conocer al Gobierno de los procesos penales en contra de sus familiares —que incluyen a su padre, Antonio Zúñiga Caballero, representante legal de Urapalma—, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, manifestó que la funcionaria le omitió información al respecto. Un día después de desatarse el escándalo, María Fernanda Zúñiga renunció a su cargo.
El segundo en dimitir el lunes de su puesto fue el embajador de República Dominicana, Juan José Cháux, también tío de María Fernanda Zúñiga. En esta ocasión, fueron las revelaciones de la revista Semana las que impulsaron la salida del diplomático: Cháux también estuvo presente en la cuestionada reunión del pasado 23 de abril entre César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de Palacio; Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Casa de Nariño; Diego Álvarez, abogado de Don Berna, y Severo Antonio López, alias Job, vocero de los desmovilizados.
Cháux, quien fue señalado por Hébert Veloza, alias HH, ex comandante del bloque Calima, de haber alcanzado la Gobernación del Cauca en las elecciones de 2003 con colaboración de las autodefensas; le solicitó a Job su intervención en este asunto. Y aunque el pasado 25 de agosto el presidente Álvaro Uribe convocó a una rueda de prensa para justificar el polémico encuentro, la presencia de Cháux en éste y la razón de la misma eran un completo misterio.